La neutralidad de la red: lo que sí y lo que no en la #LeyTelecom

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La neutralidad de la red es un principio básico de la arquitectura de Internet y supone un régimen de no discriminación (amenazado por bloqueos, degradaciones o, como en este caso,  por motivos comerciales) de los datos, contenidos, aplicaciones o servicios que transitan por la red, sea por motivos políticos, económicos o de cualquier otra índole. El artículo 146 de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones que presentó Enrique Peña Nieto, pretendía legalizar la discriminación por motivos comerciales (disfrazado de un falso discurso pro-competencia), que les daría la llave a proveedores de acceso a Internet la posibilidad de generar distintas versiones del servicio para sus usuarios, algo similar a lo que ocurre con la televisión de paga: un Internet básico (favoreciendo a sus aliados comerciales y filiales) y otro premium (el de acceso completo que hoy tenemos), un Internet lento y otro rápido,  o cualquier formulación intermedia.

 

La propuesta, que terminaría nombrando “neutralidad de la red” a la no neutralidad, rebasaría incluso a la discusión vigente en Estados Unidos, donde producto de un anacronismo legal, una sentencia de la corte y una clara captura de órgano regulador por parte de sus regulados, la Federal Communications Commission, amenazan a los usuarios estadounidenses con un diferenciado (tiering) de dos niveles: una fast lane y una slow lane. O como los agentes de la industria han querido llamarla:una ultra fast lane y una fast lane. Producto de la redacción, la ley de telecomunicaciones daría amplio margen a operadores para hacer distintos tiers o niveles, según su criterio comercial, como oferta a los usuarios mexicanos.

 


 

El mayor daño que supondría la violación de la neutralidad de la red corre en dos sentidos: vulneraría el proyecto de innovación que ha impulsado Internet en todo el mundo y lesionaría la libertad de expresión.

 

Internet paga la creatividad, el ingenio y la innovación de grupos e individuos, y paga bien. Las aplicaciones, los contenidos y los servicios que hoy se ofrecen en la red, se encuentran en una lucha constante por el tiempo de los usuarios. Una lucha que se gana sobre todo por el mérito y no por la intervención de agentes externos que condicionen el tráfico y “adivinen” el camino de la innovación. Así, a grandes trazos, un emprendedor con pocos recursos en un garage puede terminar por imponerse en la preferencia de los usuarios sobre una compañía multimillonaria. Así, un grupo de vloggers puede ser más influyente en la opinión pública que los partidos políticos dominantes y su alianza con los medios tradicionales. Así, se pueden gestar proyectos independientes de arte, educación, ciencia, informática, articulación social o cualquier otra cosa sin la necesidad de pagar derechos especiales a un concesionario para acceder a la mayor audiencia. Así, todos podemos participar de la economía de Internet al saber que hay un piso parejo para todos, “sin injerencias arbitrarias”, como lo establece el artículo 6 constitucional.

 

La CIDH considera a la neutralidad de la red como una garantía para la libertad de expresión en Internet. Permitir a los proveedores de acceso a Internet (ISPs) ofrecer distintos niveles de acceso a los contenidos on-line, les convierte de facto en filtros con la capacidad de imponer quién, cuándo, por qué y bajo qué circunstancias pueden acceder los blooggers, medios independientes o cualquier otra forma de expresión, a los potenciales lectores-audiencias-usuarios. Además, la  libertad de expresión implica también el libre flujo informativo. Es decir, no sólo es el derecho de emitir y recibir información, las condiciones del canal importan. Violar la neutralidad de la red es interferir de manera ilegítima e indeseable con la difusión de las ideas, es un paso atrás hacia la censura estatal y/o de particulares.

 

Esta iniciativa no fue producto de un error. Varios operadores en el mundo han insistido en este modelo de negocio aludiendo al “derecho de los concesionarios para gestionar el tráfico de las redes”, como afirma la ANATEL en su postura frente a la Ley de Telecomunicaciones. Telefónica, la empresa española dirigida en México por Francisco Gil Díaz,  ha propuesto el cobro a empresas como Google (u otros servicios on-line) por derecho de piso en sus redes. Resume esta visión de la gobernanza de Internet “La arquitectura de Internet debería estar basada en acuerdos comerciales entre actores”, dejando de lado cualquier perspectiva de derechos humanos.

 

La iniciativa presidencial se mantuvo en sus términos y así continuó incluso luego de que medios difundieran el 22 de abril las declaraciones de Javier Lozano Alarcón, presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado "estamos hablando de algo que corrige mucho la iniciativa del presidente (...) Fundamentalmente el tema de internet, de la neutralidad que debe haber no solo tecnológica sino operativa, la censura previa. Todo eso lo estamos eliminando por completo". Cosa que resultó falsa y denunciada. El proceso se detuvo hasta inicios de julio debido al desaseo denunciado por la oposición pero sobre todo por el peso de las protestas contra la iniciativa en redes sociales y en las calles, que llevó a un largo periodo de negociaciones.

 

Luego de más de dos meses y tras nuevas manifestaciones en contra, incluyendo algunas específicamente sobre el 146, el nuevo dictamen presentado en las comisiones unidas en el Senado incluyó una modificación sustancial al eliminar los riesgos de censura en Internet, pero también el retiro de la fórmula de “ofertas diferenciadas” que llevarían a una abierta violación de la neutralidad de la red para dejarlo un texto que, aunque con elementos que deberán ser todavía resueltos por IFETEL, retira las amenazas explícitas de la iniciativa de Enrique Peña Nieto.



Esta redacción, de ser llevada correctamente por el Instituto al expedir sus lineamientos cerrando la puerta a ambigüedades (como las señaladas por Israel Rosas) y a cualquier posible violación a la neutralidad, pondrían a México junto a Brasil, la Unión Europea y Chile en el grupo de países en llevar a rango de ley este principio. Está por verse todavía el alcance de la victoria, pero desde ya, es un avance enorme el que poco a poco los temas centrales de la gobernanza y legislación sobre Internet escalen en prioridad entre las y los ciudadanos. Cualquier que sea el destino de Internet, será el resultado de la manera en que seamos capaces de informarnos, organizarnos y luchar por hacer de este un espacio de libertad.

 

 

 

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