Desesperado ante la imposibilidad de ofrecer resultados creíbles y redituables políticamente para su gobierno en materia de seguridad pública y crimen organizado; e inevitablemente cerca de su prueba electoral final, el Presidente Calderón ha decidido dar otra vuelta de tuerca a su estrategia de comunicación, en relación a la inseguridad y violencia desatada en el país. 

Fiel a su inclinación por señalar culpables, antes que por reflexionar como jefe de Estado, el Presidente  insiste en vincular a los usuarios de drogas como si fueran estos los responsables últimos de una violencia que ha crecido desproporcionadamente en el país durante su gobierno, debido al narcotráfico. 

De manera muy superficial, el argumento pareciera convincente y ha tenido repercusiones en los medios y algunas opiniones públicas, pero en realidad se trata de una inversión perversa de los términos. 

Para el Presidente, no importa ignorar el hecho de que la descriminalización de los usuarios de drogas es el primer paso para acercarlos a los servicios de salud y romper con el círculo vicioso de discriminación hacia ellos, que los aparta de las instituciones del Estado. 

Tampoco importa, en esta visión, los lineamientos establecidos por las mejores prácticas y las propias directrices de la ONU y de las autoridades mundiales en materia de salud, que abiertamente reiteran la necesidad de considerar a los usuarios como enfermos en potencia, y en acercar a ellos instituciones del Estado que los consideren con dignidad y respeto a sus derechos. Sin embargo, parece que su vulnerabilidad los hace apetitosos para los intereses del Presidente.

Lo cierto es que las drogas siempre han estado entre nosotros. Tenemos rastros milenarios de su presencia en las más distintas sociedades y civilizaciones, incluida la nuestra; infinitos testimonios de su influencia en las culturas del pasado y del presente, así como sistemas regulatorios para ellas que no únicamente consideran los aspectos prohibicionistas y coercitivos que ahora privan en las políticas hacia ellas, y que por cierto, suelen ser más efectivos

No se trata, así, de un problema originado por los usuarios, sino por la decisión de imponer una moral privada que permite unas drogas y rechaza otras, para hacer de una moral privada una política pública de alcances universales, con evidentes ventajas para la coerción política y el uso del poder fáctico en términos de la política internacional. La prohibición, al negar los derechos de los usuarios, los obliga a recurrir a los mercados negros.

La tragedia es que nuestro Presidente, contrario a los intereses que dice defender, en realidad lo único que hace es alentar estos últimos, y para desgracia nuestra, heredarnos mayores problemas una vez que él se haya ido.  

Fuente de foto: Vox.com.mx