Marihuana en México ¿Qué sigue?

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La clase política, una buena parte de la opinocracia y el gobierno, están en shock.

Después de décadas de despreciar el debate sobre las drogas, la opinión pública, legisladores y gobierno en México han reaccionado, de manera por demás torpe, sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, finalmente, reconoció un derecho largamente reclamado por miles de usuarios de cannabis en el país.

Aun cuando no resulta extraño que la clase política y los gobiernos tarden en reaccionar frente a las circunstancias reales que enfrenta el ciudadano de a pie, resulta un tanto cómico constatar cómo ahora muchas voces públicas reclaman participar en un debate "serio y abierto" sobre la cannabis. Porque lo cierto es que el de la mariguana es un asunto amplia y largamente discutido dentro y fuera del país; pero más importante aún, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció un derecho fundamental: el derecho a la autonomía personal.

La larga negación del debate por parte de la clase política, de los gobiernos de distintos niveles e incluso de la academia, llevó a que la Corte decidiera debido a un reclamo fundamentado de la sociedad civil, para encontrar alternativas a un sistema de control de drogas basado única y exclusivamente en la prohibición y la represión, pero del cual parece haber ya un consenso amplio sobre sus limitaciones; y tal vez más importante aún, sobre sus amplísimas consecuencias negativas, mismas que dañan no solo los derechos de los usuarios, sino los intereses de toda la sociedad.

Por ello, la decisión de la Corte es una noticia estupenda. Por fuera de la lógica política, los ministros votaron por dejar claros los límites del Estado frente a la autonomía de los adultos de plenos derechos, y con ello reconocieron un derecho que, dígase lo que se diga, llegó para quedarse: es decir, para garantizarse y para ejercerse.

Desde luego, los riesgos que el consumo de la planta representa para la salud y la seguridad pública deben ser discutidos y sopesados en su justa dimensión, pero el debate político sobre la conveniencia -o no- de regular, ha quedado atrás. Lo que viene ahora es determinar, en todo caso, cómo el Estado garantizará el derecho constitucional a la autonomía personal, de modo tal que proteja a la salud y la seguridad públicas; y respete, al mismo tiempo, los derechos de los usuarios cuando éstos no afecten a terceros.

Así, la Corte determinó, en línea con los tratados internacionales que tratan sobre la planta, que los usuarios tienen derecho al cultivo de cannabis para consumo privado, excluyendo de forma clara al que se realiza con fines de comercio. Es desde este punto donde el debate debe comenzar.

Y, lo que sigue es la regulación de este cultivo sin fines de lucro, mismo que se puede dividir en cuatro aspectos principales: con fines médicos y de investigación científica; los relativos al cáñamo industrial (que no tienen nada que ver con la psicoactividad de la planta y cuyos productos podemos comprar con nuestros socios comerciales, pero no podemos producirlos en México dada la ilegalidad total de la planta) y finalmente el cultivo con fines de consumo privado, ya sea individual o asociado. En una eventual próxima entrega, intentaremos detallar más cómo podrían regularse estos cuatro aspectos del cultivo de la planta. Mientras tanto, esperamos que nuestros legisladores y la clase política se vayan documentando… y logren superar su trauma más reciente: el haber sido rebasados por los usuarios y sus derechos.

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