Terminé recientemente mi servicio social en la Cámara de Senadores. Adscrito a la Comisión de Relaciones Exteriores, dignamente presidida por la Senadora Rosario Green, tuve la oportunidad de brindar asesoría y apoyar en la investigación y redacción de documentos para el trabajo legislativo. Estoy consciente de que para buena parte de mis contemporáneos, lectores potenciales del sitio que aloja esta columna, semejante tarea puede parecer insulsa, pues en el imaginario colectivo la figura de nuestros legisladores suele asociarse con antivalores como el oportunismo, los privilegios y la falta de productividad. Sin embargo, mi experiencia en el Senado fue altamente satisfactoria; quiero dedicar este espacio a explicar porqué y compartir con la comunidad de Los Hijos de la Malinche algunas reflexiones sobre lo que pude observar a mi paso por el poder legislativo.

Elegí el Senado de la República para llevar a cabo mi servicio profesional motivado por un interés de larga data por el funcionamiento de los órganos de gobierno de nuestro país. En contra de la visión imperante en mi generación de que el ejercicio de la política es un oficio perverso, corrupto y condenable, siempre he creído que la existencia de una élite política de calidad es una condición fundamental para el desarrollo del país. Mi intención fundamental para hacer el servicio social en el Senado de la República era conocer de cerca el proceso legislativo, que involucra la participación activa de figuras políticas prominentes y el ejercicio de habilidades vinculadas estrechamente con el ejercicio de la política, como la argumentación, la oratoria y la negociación. De esta manera, pretendía poner a prueba ambas nociones: tanto el mito generalizado que sataniza a la política formal como mi esperanza personal de encontrar excepciones honrosas al mismo.

Los legisladores son, por definición, miembros de la élite política y muchas veces continúan su carrera en otros órganos del Estado, sea como gobernadores o como representantes en otros niveles de gobierno. Mi paso por el Senado me permitió adquirir elementos de primera mano para conformar un criterio propio sobre las características de nuestra élite política. Si bien no se puede ocultar la existencia de numerosos vicios y prácticas nocivas (como las que suelen llegar a los titulares de la prensa), también es imprescindible reconocer que existen legisladores con una formación sólida y con una convicción genuina de servir al país y contribuir al desarrollo de su entramado jurídico y sus instituciones. Con incentivos más adecuados, como la reelección legislativa, este potencial podría capitalizarse de forma más contundente en beneficio de la sociedad.

Un segundo objetivo era familiarizarme con los instrumentos a disposición del poder legislativo y específicamente de la Cámara de Senadores para llevar a cabo su función de órgano de control y corresponsabilidad sobre la política exterior de México, derivada de las facultades exclusivas en esta materia consagradas en el artículo 76 constitucional. Por razones históricas, el estudio tradicional de la política exterior de México se concentra en las decisiones tomadas por el ejecutivo, pero el proceso de democratización obliga a conceder una mayor relevancia a otros actores del sector público.

Una de las consecuencias más notorias del proceso gradual de democratización de nuestra vida pública ha sido la renovada vigencia de la división de poderes consagrada por la Constitución Política, que otrora se encontraba difuminada por el ejercicio de facultades metaconstitucionales por parte del Poder Ejecutivo. En este contexto, el Poder Legislativo ha ido cobrando una notoriedad e importancia crecientes. Esta transición se ha hecho presente de manera sobresaliente en materia de Política Exterior. Si en la década de los ochenta, el notable jurista y Secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda estaba en condiciones de afirmar con absoluta convicción que la política exterior de México era la expresión de un consenso nacional, hoy la realidad es distinta. La política exterior, como el resto de los ámbitos del gobierno, se ha convertido en materia de discrepancia entre las diferentes corrientes políticas representadas en el Congreso de la Unión.

Participar en el trabajo cotidiano del Senado fue fuente de gran aprendizaje. Acaso lo que más valoro es constatar que existe consciencia entre buena parte de los legisladores de la crisis de representatividad imperante, así como esfuerzos coherentes y constantes para atenderla. Prueba de ello son la reciente aprobación de la Ley de Migración, que se distingue por tener como eje rector el respeto de los derechos humanos y el reconocimiento de que, por sí misma, la migración no constituye un delito, y de una reforma constitucional muy ambiciosa en materia de derechos humanos para poner al día nuestro marco jurídico con las mejores prácticas internacionales. En suma, mi paso por el Senado me permitió ser testigo privilegiado de la renovación en curso de nuestras instituciones políticas, que atraviesan procesos profundos de rediseño y reinterpretación cotidianos.