Los partidos políticos[1], en el momento de su nacimiento en el siglo XIX,  se concibieron como partidos de cuadros. Se trataba de estructuras elitistas alrededor de notables. Posteriormente surgieron los grandes partidos de masas, con unas bases mucho más amplias. Y finalmente aparecieron los partidos “catch-all”, los cuales diluyen su ideología con el objetivo de conseguir el máximo número de votos posible.[2]

En la actualidad los partidos políticos en España son una de las instituciones más desprestigiadas según la opinión de los ciudadanos[3]. Se ha perdido la confianza en ellos y la clase política se considera alejada de la sociedad, incapaz de responder a las demandas y necesidades ciudadanas. La desafección se ha canalizado a través de movimientos espontáneos surgidos y difundidos por las redes sociales. El movimiento 15-M da voz a una parte de la sociedad que busca una mayor participación en las decisiones del gobierno y una reconsideración de las estructuras de poder –bancos, políticos, empresas vs ciudadanos-. Precisamente se ha autodefinido como un movimiento apartidista y asindical, siendo uno de los lemas más coreados el “no nos representan”, refiriéndose a los partidos políticos en el poder.

A pesar de todo, un grupo de personas se han planteado constituir una candidatura del 15-M de cara a las próximas elecciones generales en España, el 20 de noviembre, generando opiniones muy encontradas entre los diferentes miembros del movimiento.

En primer lugar, el movimiento 15-M es totalmente horizontal. Las asambleas de base son los órganos decisores de cualquier tipo de iniciativa o propuesta. Aunque la coordinación entre las múltiples asambleas es un tema pendiente y haya que mejorar la comunicación entre ellas, una estrategia electoral con el nombre de 15-M debería ser apoyada por la práctica totalidad de las asambleas del movimiento en toda España. Y esta aceptación no ha tenido lugar, de forma que la legitimidad de la candidatura queda en entredicho. Desde un punto de vista formal este proyecto no puede ser considerado como válido, ya que ha adoptado el nombre de un colectivo sin el consentimiento –y ni siquiera el debate- de sus miembros.

Desde un punto de vista material, presentarse a las elecciones generales resulta paradójico por varios motivos. El más obvio es la naturaleza del movimiento, porque desde un inicio se caracterizó por su carácter no institucional, por ser un movimiento social con ganas de cambiar las cosas pero sin entrar en el juego de la clase política. Si bien es cierto que algunas de las demandas estaban dirigidas a nuestros gobernantes, los “indignados” buscan una toma de conciencia de la sociedad a través de formas de participación política no-convencional, como son las manifestaciones, el boicot o las asambleas. El hecho de crear una candidatura desvirtúa el carácter social del movimiento, ya que se aceptan las reglas del juego. Si bien es cierto que hay partidos políticos rupturistas, el 15-M debería ser un elemento de presión externa y no interna, como la gran mayoría de asociaciones y grupos de presión, para llegar a un contrapoder y oposición en la calle.

Por otro lado, el sistema electoral ha sido criticado hasta la saciedad desde el movimiento 15-M. Participar en él resulta, cuando menos, paradójico. Y no se trata sólo del sistema electoral, -y su reciente reforma, la cual precisamente dificulta todavía más el acceso al poder a los partidos pequeños-, sino la Ley de Partidos. Esta Ley nacida para “preservar el sistema democrático” ha limitado el ejercicio de la democracia a muchos ciudadanos, tal y como Amnistía Internacional o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apuntaron. Las trabas a los pequeños partidos dificultarían además la representación de una hipotética candidatura del 15-M. Así pues, ser partícipe del sistema electoral que queremos cambiar sería entrar en una contradicción.

Otro de los motivos por los que el 15-M no debería ser una candidatura es por su vertiente práctica. Un movimiento totalmente horizontal difícilmente puede nombrar representantes, por muy rotativos y democráticamente elegidos que sean. Parece poco factible mantener un partido en el Parlamento que conservara sus principios democráticos y su forma de organización asamblearia. Las dinámicas parlamentarias están muy alejadas de la forma de funcionamiento del movimiento. El gran número de personas que lo integran y su dispersión geográfica dificultaría también dicha elección de portavoces, sin que el movimiento se jerarquizara o burocratizara.

Y es que el simple hecho de constituir una candidatura es una contradicción con los principios del movimiento. Los partidos políticos tradicionales se caracterizan por su fuerte jerarquía. Son de naturaleza antidemocrática por definición, y aunque existen algunas candidaturas que intentan alejarse de esta lacra (el caso de las CUP en Catalunya), la falta de organización y la “juventud” del movimiento –apenas cuatro meses- no parecen indicar que la institucionalización sea el buen camino. La cuestión de la financiación es otro tema espinoso. La dependencia que crea recibir fondos de cualquier entidad, organismo o asociación es inaceptable para un movimiento como el de los indignados. La competición electoral supone una inversión muy fuerte que difícilmente podría soportar el 15-M.

El terreno de los indignados es el político pero no el parlamentario. Su actividad natural va muy ligada al activismo político, a la implicación, al sentimiento de poder cambiar las cosas. Sin embargo, los partidos políticos apenas piden el voto cada cuatro años, y movilizan sus bases cuando llegan las elecciones. Los indignados queremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, luchar por un sistema más justo desde la calle, desde las plazas, desde nuestras asambleas, semana tras semana.

 Finalmente, históricamente todos los partidos que han intentado llegar al poder para cambiar algunas cosas se han burocratizado o bien han desaparecido. Las grandes conquistas sociales, como bien comenta Fernando Cardoso, de ATTAC, siempre han venido de la mano de la presión popular, de las revueltas en la calle, y no de partidos políticos que consigan el poder. Los métodos de presión y de lucha que se utilicen pueden ser varios, pero una “institucionalización” del movimiento no ayudaría a conseguir los objetivos. Llevar las demandas ciudadanas al terreno de los partidos políticos –a su terreno- está en contraposición con el ideario de la mayoría de los movimiento sociales.

[1] según la clásica división de Gunther y Diamond, 2001.

[2] Concepto ideado por Otto Kirchheimer, 1966.

[3] José R. Montero, Joan Font, Mariano Torcal, Ciudadanos, asociaciones y participación en España, CIS, 2006.