Parece perfilarse un consenso entre los analistas según el cual, entre los muchos males que aquejan a México como comunidad nacional y entidad político-social, el principal no es la crisis de seguridad –como aseguran los grupos de derecha y el gobierno– y tampoco la desigualdad –como suele proponerse desde la izquierda. En el origen de ambos flagelos se encuentra la debilidad del Estado, que constituye, al mismo tiempo, el obstáculo mayor para vislumbrar soluciones. También parece haber un consenso en torno a la idea de llevar a cabo “las reformas que México necesita”, fórmula hueca o por lo menos ambigua que lo mismo encuentra cabida entre los voceros de los grupos empresariales que entre los líderes autoproclamados de movimientos populares. Hay coincidencia en la utilización de la frase –en el discurso– y en el sentido de urgencia; pero es fácil percatarse de que quienes la enuncian desde posiciones tan diversas suelen tener en mente cosas bien distintas. El origen de la debilidad del Estado mexicano puede rastrearse hasta su fundación misma –basta con recordar los más de cincuenta años de inestabilidad que siguieron a la consecución de la independencia, sólo atemperada con la victoria de los liberales y la restauración de la República. En un plano temporal más cercano, la idea de la debilidad del Estado evoca necesariamente el proceso de ajuste estructural comenzado gradualmente a mediados de los ochenta y acelerado durante los noventa. El alcance de las llamadas reformas neoliberales, y sobre todo la forma de ponerlas en marcha, permite hablar de un auténtico desmantelamiento de las capacidades estatales. Hay que tener presente, sin embargo, que los procesos de liberalización económica tuvieron su origen en el agotamiento evidente del modelo anterior y se impusieron como una adaptación necesaria ante los cambios en el sistema internacional –fin de la guerra fría y, con ella, de los modelos económicos en competencia, avance irrefrenable de la globalización, tendencia a la regionalización económica, etcétera–; prueba de ello es que estos procesos no fueron endémicos de México, sino que se verificaron en varios países alrededor del orbe, incluyendo a India, Brasil y la misma Rusia. El problema entonces no es que la liberalización haya tenido lugar, sino la manera en que fue puesta en práctica. Esta forma de entender el problema pone el acento sobre las decisiones y prácticas de los grupos en el poder –tanto políticos como económicos– y permite adjudicar responsabilidades. Fortalecer al Estado supone dejar atrás la división falaz entre Estado y sociedad civil, que lleva implícita la idea de una suma cero –lo que pierde el Estado lo gana la sociedad civil. Un Estado fuerte, bien entendido, es aquél capaz de garantizar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos. Fortalecer al Estado no significa, por lo tanto, ampliar el margen de discrecionalidad del presidente ni fomentar la concentración del poder. Los pesos y contrapesos son indispensables para fortalecer al mismo tiempo al Estado y al ciudadano, y evitar la tentación de un Estado fuerte y autoritario. * Una versión más amplia de este texto aparecerá próximamente en la memoria del coloquio “México y el Mundo: 2010. Reflexiones desde El Colegio de México”, en co-autoría con Alexia Bautista (a quien agradezco infinitamente por su estímulo intelectual y moral).